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Ley 8/21

La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica busca promover su autonomía y protección mediante la aplicación de medidas de apoyo personalizadas que respeten sus decisiones y voluntad, garantizando así su plena inclusión y participación en la sociedad.

Desde Plena inclusión Castilla-La Mancha y Futucam promovemos un espacio donde profesionales, personas con discapacidad y/o familias encuentren materiales de información y apoyo que les ayuden a sacar el máximo provecho a la Ley 8/21. 

Profesionales

ÁMBITO JURÍDICO

Personas con discapacidad intelectual y familiares

Profesionales

ÁMBITO JURÍDICO

Realizaremos una Jornada autonómica para hablar y reflexionar sobre el impacto de la Ley 8/21

La jornada, abierta y gratuita previa inscripción, está dirigida a profesionales del ámbito jurídico y social, así como a familias o personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

La cita será el día 8 de octubre de 2024, en horario de 10.00 a 14.30 horas en la Consejería de Bienestar Social (Avda. Francia, 4. Toledo)

Plazo de inscripción hasta el 27 de septiembre de 2024

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Un antes y un después

La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad establece que todas las personas con discapacidad tienen el derecho a la igualdad ante la ley y a la no discriminación (art. 12). Esto implica que deben tener las mismas oportunidades para ejercer su capacidad jurídica y para tomar decisiones sobre sus vidas. 

¿Qué dicen las personas implicadas
sobre la Ley 8/21?

Damos voz a las personas con discapacidad intelectual, a profesionales del ámbito jurídico y social, y a las familias.  

TERTULIAS
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INTRODUCCIÓN TERTULIAS SOBRE LA LEY 8

INTRODUCCIÓN TERTULIAS SOBRE LA LEY 8

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1. Una ley para apoyar

1. Una ley para apoyar

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2. Su voluntad y sus deseos en el centro

2. Su voluntad y sus deseos en el centro

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Novedades y espíritu de la ley

La Ley 8/21 introduce importantes novedades en el ámbito del apoyo a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Entre estas novedades destacan la adopción de un enfoque basado en los derechos humanos y la dignidad de la persona, promoviendo su participación activa en la toma de decisiones. Además, establece mecanismos de apoyo personalizados y adaptados a las necesidades individuales de cada persona, fomentando así su autonomía y autodeterminación. Asimismo, se refuerzan las garantías procesales para asegurar un proceso justo y transparente en la designación de apoyos. 

Cambio de paradigma

La ley cambia el enfoque tradicional de sustitución por un modelo de apoyo a la toma de decisiones, promoviendo la autonomía y autodeterminación de las personas con discapacidad.

Supresión de la tutela

Se elimina el término "incapacitación jurídica" y se establece que todas las personas, independientemente de su discapacidad, tienen capacidad jurídica.

Se definen medidas de apoyo como la curatela asistencial o la curatela representativa.

Medidas de apoyo

Se suprime la tutela y la prórroga de la patria potestad.

Se establecen diversas medidas de apoyo, dando especial relevancia a las medidas voluntarias de apoyo y la desjudicialización del proceso de provisión de apoyos.

Tanto las medidas de apoyo como la prestación de los mismos deben tener en cuenta la voluntad y preferencias de las personas con discapacidad. 

Salvaguardas

La ley establece salvaguardias para garantizar que las decisiones de las personas con discapacidad sean respetadas y se eviten abusos. Se fomenta la participación de la persona en la toma de decisiones y se promueve la rendición de cuentas de los apoyos designados. 

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